Monitoreo

La salud reproductiva es vital

Antes, durante y después de la pandemia

El acceso a servicios de salud reproductiva es esencial y urgente. La garantía de la salud reproductiva no puede ser postergada ni siquiera en épocas de crisis, como una pandemia.

En este siglo, América Latina ha avanzado en la protección de los derechos sexuales y reproductivos en la mayoría de países, sancionando leyes y aprobando políticas públicas para implementarlas. No obstante, varios de estos documentos no han pasado del papel, ya sea por asignaciones presupuestarias insuficientes, por desdén político o inoperancia estatal, incluso cuando la tecnología facilita lo que antes parecía imposible o era bastante costoso. Por ello su reconocimiento como derechos humanos dentro de los sistemas jurídicos no se ha reflejado en la realidad.

En el último tiempo, la salud reproductiva viene enfrentando serios problemas como el creciente incremento del gasto de bolsillo en intervenciones que para el Estado son razonables por su costo beneficio, pero que son muy costosas para las mujeres, especialmente para las más pobres, migrantes, indígenas o adolescentes. Asimismo, el accionar de grupos reaccionarios que hostigan a quienes deciden ejercer sus derechos, a profesionales de la salud, a activistas e incluso a trabajadores gubernamentales comprometidos con el cuidado de la salud de las personas.

En este contexto nos encontró el COVID-19. Durante 2020, distintos organismos enfatizaron la importancia de los servicios de salud reproductiva para la vida de mujeres, adolescentes, niñas y otras personas con capacidad de gestar. Tal como reconocieron, entre otras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) la garantía de los derechos reproductivos en tiempo de pandemia, podría haber evitado millones de embarazos no intencionales y sus efectos.

Tal como se estimó desde el comienzo del brote en la región, los primeros datos relevados por este y otros monitoreos, muestran que las interrupciones de suministro de anticonceptivos han tenido consecuencias en el ejercicio del control de la reproducción, y la falta de acceso a interrupciones legal de esos embarazos ha profundizado sus efectos negativos en la población. Ello seguramente impactará en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo.

La Iniciativa “La Salud Reproductiva es Vital” de CLACAI ha contribuido a relevar evidencia sobre estas barreras, problemas y buenas prácticas que se han presentado en materia de salud reproductiva a través del monitoreo ciudadano en 9 países de nuestra región. Este Monitoreo ha sido un mecanismo eficaz para impulsar la rendición de cuentas, pero también ha sido una forma de colaborar con recomendaciones para garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva durante e incluso después de la pandemia.

Entre otras medidas, instamos a los Estados a:

• Mejorar el acceso a los servicios de salud reproductiva preventivos de forma oportuna para terminar con las hospitalizaciones evitables: anticoncepción, consejería reproductiva, interrupción segura del embarazo, controles del embarazo intencional y planificación del parto centrado en la voluntad de la gestante.
• La diversificación en el suministro de anticonceptivos para garantizar el acceso seguro y oportuno a los insumos: entrega de insumos para periodos como mínimo de 3 meses, entrega sin contacto con profesionales de la salud (entrega a domicilio, retiro directo en farmacias, entre otros).
• Asegurar y priorizar dentro del presupuesto de la salud la compra planificada de insumos suficientes, como métodos anticonceptivos y medicamentos para la interrupción segura del embarazo y la atención de parto, para evitar desabastecimiento en los servicios públicos de salud, incluso en épocas de crisis sanitaria.
• Implementar servicios de atención a distancia, a través del uso de la tecnología de la comunicación, para evitar que las mujeres y otras personas usuarias de servicios de salud reproductiva deban desplazarse largas distancias durante los confinamientos y otras situaciones de dificultad geográfica.
• Habilitar a todos los niveles de atención para ofrecer servicios de salud reproductiva ambulatorios, como la interrupción temprana del embarazo, la provisión de anticonceptivos, testeos de ITS, incluyendo VIH.
• Simplificar el proceso de adquisición de medicamentos y habilitar recetas simples y recetas electrónicas para la compra de todo tipo de medicamentos relacionados con la salud reproductiva sin excepciones.
• Derogar y actualizar marcos normativos regresivos o que criminalicen el acceso a servicios de salud reproductiva, como la interrupción voluntaria del embarazo o que impidan o desincentiven la búsqueda de atención de salud.
• Difundir información actualizada al personal sanitario para que se abstengan de utilizar estereotipos, sesgos o generar cualquier obstáculo (como el abuso de la objeción de conciencia) en el suministro de los servicios de salud reproductiva.
• Impulsar campañas de difusión sobre salud reproductiva, su esencialidad, las rutas de atención (servicios que proveen estos servicios y la forma de solicitarlos), las medidas adoptadas para el acceso a estos servicios tanto para la ciudadanía como para el personal sanitario.
• Promover la construcción participativa de respuestas ante las crisis sanitarias y para la garantía de los derechos reproductivos. Para ello se recomienda, recoger las experiencias y reconocer el rol de las organizaciones de sociedad civil, en la garantía de estos derechos. Valorando su colaboración en todo momento y en particular para que el impacto negativo de las crisis sea el menor posible.