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URUGUAY

Lilián Abracinskas te cuenta qué pasó con la Salud Reproductiva en Uruguay durante la pandemia.

El viernes 13 de marzo, el gobierno uruguayo decretó emergencia sanitaria por la la pandemia de la COVID-19, restringiendo, entre otros, el derecho a reunión y a movilización. A través de esta declaratoria, hizo un llamado amplio a que las personas permanecieran en sus hogares a menos de que fuese indispensable salir, y apeló al distanciamiento social como práctica extendida.

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Uruguay

Si bien la incidencia del virus en Uruguay fue baja en comparación a otros países de la región, las limitaciones al libre desplazamiento impactaron en la disponibilidad y acceso a estos servicios. Según datos obtenidos por la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) aseguró que la provisión habitual de los servicios de salud reproductiva se vio resentida además por la priorización de la atención sanitaria por coronavirus.

En concreto, los equipos del primer nivel de atención descontinuaron las actividades de promoción y prevención en materia de salud reproductiva, con el fin de evitar aglomeraciones y priorizar la emergencia sanitaria por coronavirus, a la vez que se cerraron los centros donde suelen darse estas actividades. En la misma línea, los centros de atención cerraron o cambiaron abruptamente su agenda de atenciones sin informar a tiempo a la población.

Por otro lado, el gobierno actual presenta una línea abiertamente conservadora, e incluye en su coalición facciones políticas que promueven la regresividad de los derechos reproductivos. Si bien las autoridades sanitarias emitieron una circular a las instituciones de salud para que no se suspendiera la atención en salud reproductiva durante la pandemia, estos compromisos fueron muy frágiles para garantizar los derechos de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes.

MYSU, a través de su Observatorio Nacional en Género y Políticas Públicas de Salud Sexual y Reproductiva, dio seguimiento a las medidas tomadas por el Estado y otros actores en materia de salud reproductiva entre marzo y agosto. Realizó una búsqueda exhaustiva de documentos publicados por el gobierno en materias sanitarias, entrevistas a profesionales de la ASSE y solicitudes de información a distintas entidades estatales, como el MSP e Instituto Nacional de las Mujeres. No obstante, muchas de las preguntas enviadas al Ministerio de Salud no fueron respondidas y algunas respuestas contenían errores.

BUENAS PRÁCTICAS

  • Si bien, el gobierno uruguayo no declaró expresamente la esencialidad de los servicios de salud reproductiva, firmó, junto a otros 59 países, la declaración internacional “Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover una respuesta que tenga en cuenta el género en la crisis del COVID19”.

  • El Ministerio de Salud Pública (MSP) publicó una guía detallada con recomendaciones referidas a la asistencia de la mujer embarazada y el recién nacido, en el marco de la pandemia por coronavirus. El documento insta a los equipos de salud a incorporar la perspectiva de género en la gestión de la emergencia sanitaria.

  • Las unidades de atención médica contaron con la habilitación de servicios de telemedicina para abordar las prestaciones de salud reproductiva. No obstante, de acuerdo a la información recabada, esta responsabilidad recayó en las personas funcionarias de los centros de salud, pues la instituciones no generaron protocolos para su uso. A menudo, el personal debió usar sus equipos personales para garantizar el servicio, pues no contaban con más de una línea telefónica o servicio de internet para efectuar los controles.

  • A nivel local, la Intendencia de Montevideo, utilizó su sitio web para ofrecer información sobre el funcionamiento de los servicios de salud reproductiva en la capital uruguaya.

OBSTÁCULOS

  • Uruguay restringió los servicios de telemedicina para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) solo para los casos de cuarentena obligatoria, o si la persona que entregaba este servicio se encontraba en modalidad de teletrabajo. Esta práctica no fue ampliada, pese a que contaran con la posibilidad de hacerlo. En el mismo sentido, no todos los centros habilitaron la atención ambulatoria para la IVE durante la pandemia, lo que obligó a desplazarse innecesariamente a quienes la requirieron.

  • No todas las farmacias de los servicios públicos contaron con suficiente suministro de métodos anticonceptivos para sus usuarias, lo que dificultó el acceso a estos insumos durante la crisis sanitaria.

  • La regulación vigente en Interrupción Voluntaria del Embarazo restringe hasta un año de residencia el uso de los servicios legales para personas migrantes. Esta decisión no se modificó durante la pandemia, lo que las dejó excluidas del acceso en un contexto de crisis sanitaria, en una abierta vulneración a sus derechos.

  • Frente a la crisis sanitaria, el Estado no convocó los mecanismos de diálogo que existían con participación de organizaciones de la sociedad civil, ni generó otros espacios de vinculación efectiva con estas entidades, dificultando con ello el rol de soporte que dan a las mujeres que no pudieron acceder regularmente a estos servicios.

HISTORIAS DE IMPACTO

Ana tenía que dar a luz a inicios de abril, a su tercer hijo. Cuando se acercó a su servicio de salud, tenía temor de hacerlo por el riesgo de exponerse al contagio de coronavirus. Tanto ella como su marido llegaron hasta el centro asistencial con guantes y tapabocas, esperando que la llevaran rápido a la sala de inducción de su parto, según le había explicado su ginecólogo. No obstante, cuando llegaron al hospital, la derivaron por distintos lugares, exponiéndola a contraer el SARS-CoV-2. 

Luego, se sorprendió al ver al personal de salud con medidas de bioseguridad, mientras que otras personas no contaban con la debida protección

(Información extraída de El País – Uruguay).

ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS: