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PERÚ

Elisa Juárez te cuenta qué pasó con la Salud Reproductiva en Perú durante la pandemia.

El 16 de marzo de 2020, el ex presidente del Perú, Martín Vizcarra, decretó estado de emergencia en respuesta al aumento de casos de coronavirus SARS-COV-2, y con el objetivo de reducir las posibilidades de contagio en el país. A partir de la declaratoria, implementó medidas que limitaban mayormente las actividades no esenciales y la circulación de tránsito en el territorio. Los servicios de salud siguieron operando, pero tomando como única prioridad la atención a las personas infectadas por el virus.

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Perú

Pese a los esfuerzos, Perú se posicionó como el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo en agosto de 2020, con 101,3 personas fallecidas por cada 100.000 habitantes. El colapso del sistema sanitario implicó el cierre de todos los centros de primer nivel de atención, en donde se dan la mayoría de las atenciones de salud reproductiva en el país, hasta finales de mayo. Dentro de los servicios que se inhabilitaron estuvo, por ejemplo, el tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS).

La llegada del coronavirus al país puso en manifiesto la deuda que Perú tiene en materia de salud reproductiva. Ante la crisis sanitaria, el Estado peruano declaró los servicios de salud reproductiva como esenciales durante la crisis sanitaria de 2020. No obstante, pese a que la institucionalidad a cargo avanzó en la normativa para poner especial atención a estos servicios, su respuesta fue tardía o no no han sido implementados de manera integral.

Esta omisión está asociada a una serie de falencias en la atención, sobre todo del aborto terapeútico o por causal salud, unico hablitado en el país, así como la entrega y asesoría en métodos anticonceptivos para adolescentes.

De acuerdo con la información recabada por Promsex, organización a cargo de este monitoreo en Perú, las consecuencias de la pandemia sobre la salud reproductiva de niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar son múltiples. Por ejemplo, a partir de los datos del Ministerio de Salud es posible constatar un aumento de las muertes maternas en un 12%. También, los datos e información recabada permiten concluir que la pandemia desencadenó un alza de casos de emergencias obstétricas por la falta de atención oportuna. También, la crisis sanitaria ha afectado el acceso a la interrupción del embarazo de manera regular, dejando más expuestas a las mujeres a servicios de abortos engañosos y poco seguro. Por su parte, de acuerdo a información que recopiló Promsex, hubo alrededor de 40% más partos domiciliarios en 2020 que durante el mismo periodo del año anterior.

Promsex ha relevado estos y otros problemas para el acceso a la salud reproductiva entre marzo y agosto de 2020. Para obtener la información, Promsex realizó una búsqueda exhaustiva de datos oficiales publicados, así como información verificada provista en Webinarios por instituciones públicas. Además, entrevistó a personas pertenecientes a entidades sanitarias estatales, como el Ministerio de Salud, a organizaciones de la sociedad civil, como la ONG Manuela Ramos, y a organismos internacionales, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Es importante mencionar que en muchos de los casos en que intentaron concretar entrevistas con personas de decisión dentro del sector público en materia de salud reproductiva, las y los potenciales entrevistados interpusieron requisitos burocráticos que se transformaron en barreras para poder agendar una conversación.

BUENAS PRÁCTICAS

  • Entre marzo y agosto de 2020, el Ministerio de Salud de Perú (MINSA) aprobó cuatro normas relacionadas con la atención prenatal y anticoncepción, en las que la autoridad reconoció su importancia como servicios esenciales. Las directrices fueron emitidas por la autoridad central para garantizar el acceso a estas consultas durante el período monitoreado. No obstante, su implementación fue limitada, debido, entre otros factores, a la alta demanda e insuficiencia del personal, así como la no organización interna de los servicios para llevar a cabo las atenciones, la falta de información pública para acceder a estos servicios.

  • La implementación de telemedicina para algunos servicios de salud reproductiva, como la atención prenatal (AP) y la asesoría reproductiva permitieron ampliar el acceso a salud reproductiva. Si bien no hubo una decisión que la habilitara directamente, la normativa existente antes de la pandemia y los lineamientos que se crearon a partir de la emergencia sanitaria permitieron incluir la planificación familiar dentro de las prestaciones. Sin embargo, a la fecha no es posible medir el impacto de esta práctica, debido a que el MINSA no contaba con información desagregada en materia de salud reproductiva al cierre del monitoreo.

  • El gobierno peruano lanzó campañas públicas de información al menos en dos ocasiones. lanzó la primera en mayo de 2020, bajo el título “cuidando a mamá” y con el objetivo de proporcionar guías sobre cómo acceder a cuidados prenatales y en el parto durante la pandemia. Más tarde, en agosto de 2020, el gobierno lanzó la campaña “En tiempos de COVID-19, planifica tu familia” para informar sobre métodos anticonceptivos disponibles y asegurar la continuidad en el uso de los mismos.

  • El rol de las organizaciones e instancias de la sociedad civil fue fundamental para brindar información y acompañar a mujeres que quieran interrumpir su embarazo. Por ejemplo, la Línea de Aborto Información Segura es una iniciativa que difunde información confiable y gratuita sobre aborto y que registró un aumento de solicitudes de un 400% durante el periodo relevado. Por su parte, la organización Serena Morena señaló que recibieron un 50% más de llamados de mujeres que habían decidido interrumpir su embarazo, tras la primera extensión de los primeros 15 días de la cuarentena obligatoria. La organización también documentó un alza de casos de mujeres que acudían a solicitar acceso al aborto, tras haber intentado con servicios adulterados y obtenidos en informalidad.

OBSTÁCULOS

  • La normativa 094-2020, aprobada en contexto de pandemia, incluye la posibilidad de interrumpir el embarazo en los casos de personas gestantes infectadas de COVID-19. Esta disposición restringió el acceso al aborto terapéutico, pues solo medía el riesgo asociado a la vida y al contagio del virus, y no consideró otras situaciones en las que las vidas de las mujeres, su integridad o salud estaban en riesgo, como en los casos de niñas con embarazos no intencionales o producto de una violación sexual.

  • La atención de partos encontró dificultades importantes durante la pandemia. La exigencia de nuevos requisitos, como la aplicación de pruebas rápidas de COVID -19 para evitar contagios o el colapso de los centros asistenciales, resultaron en que la atención fuese restringida o denegada directamente. Además, las mujeres debían exponerse a la atención hospitalaria en salas que no estaban preparadas para aislar y separar a las personas infectadas de coronavirus y quienes acudían por otros servicios. Como efecto directo de estas restricciones, Perú experimentó un alza del 40% en partos domiciliarios durante los primeros nueves meses de 2020, con respecto del año anterior.

  • El acceso al Aborto Terapéutico (AT) fue obstaculizado, principalmente, por las restricciones de movilidad y la obligatoriedad de hospitalización para su práctica. Durante la crisis sanitaria no se habilitaron alternativas, como la posibilidad de proveer el servicio de forma ambulatoria o a través de telemedicina, lo que redujo las posibilidades de las mujeres para acceder al aborto terapéutico.

  • Las adolescentes se vieron impactadas especialmente por la falta de acceso a métodos anticonceptivos. Esto, debido al cierre de los servicios y a las restricciones de movilidad y económicas para acceder a estos métodos vía farmacias, ampliando la brecha de acceso y con ello, su situación de vulnerabilidad.

HISTORIAS DE IMPACTO

Una niña de 12 años quechuahablante, de la provincia de Vilcashuamán, fue violada por dos hombres durante la pandemia. La niña, acompañada de su tío, realizó la denuncia ante las autoridades locales y se sometió a los exámenes de medicina legal. Pese a ello, no recibió el kit de emergencia para casos de violencia sexual en las 72 horas estipuladas por la ley. La niña quedó embarazada producto de la violación.

 

Su familia, en atención a la situación de salud metal y física de la niña, se desplazó hasta otra localidad, para solicitar la aplicación del protocolo para aborto terapéutico. El procedimiento fue negado por el hospital y la niña no pudo acceder oportunamente a la práctica.

(Caso documentado por el portal Wayka)

ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS: