La cuarentena total, que tenía la intención inicial de durar 30 días, fue extendida hasta el 24 de agosto. Después de esa fecha, las medidas de confinamiento y de restricción de movilización no se mantuvieron, volviendo a una normalidad abrupta. Durante el tiempo en el que se decretó la cuarentena obligatoria, el Estado de El Salvador no reconoció los servicios de salud reproductiva como esenciales. Esta situación profundizó los problemas existentes en la materia, dentro de un país que no reconoce la interrupción del embarazo bajo ninguna de sus causales y que, incluso, ha presentado reformas de ley para incrementar las penas por hasta 50 años para quienes aborten bajo cualquier circunstancia. 

Asimismo, la pandemia evidenció las brechas ya existentes entre los distintos sistemas de salud que constituyen el ecosistema sanitario de El Salvador, en un país que ha experimentado políticas regresivas en la materia. Mientras el Ministerio de Salud es quien tiene mayor cobertura en salud, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), de financiamiento mixto, es la entidad que cuenta con mayor presupuesto para prestar sus servicios.

De esta forma, las garantías de salud reproductiva se transformaron en un privilegio solo para quienes, por ejemplo, accedieran a un trabajo formal y estable y, entonces, pudieran cotizar mensualmente en el Instituto de Salud Salvadoreño y costear parte de los gastos asociados a la atención médica, incluyendo desplazamiento a los centros y las consultas, tratamientos y medicinas. Las mujeres de las zonas rurales, o quienes se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad social y que dependen del funcionamiento del sistema público de salud para acceder a la atención médica fueron los grupos más excluidos dentro de este contexto.

El monitoreo de la sociedad civil, llevado adelante por la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, encontró problemas para acceder a la información en materia de salud reproductiva. Los pedidos de información realizados a entidades gubernamentales tuvieron respuesta negativa, por lo que hicieron una encuesta en Facebook para levantar información desde la sociedad civil. En paralelo, interpusieron una demanda contra el Ministerio de Salud ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, por no entregar la data requerida.