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EL SALVADOR

Morena Herrera te cuenta qué pasó con la Salud Reproductiva en El Salvador durante la pandemia.

El 15 de marzo fue decretada cuarentena en todo el territorio nacional de El Salvador por parte del gobierno. Entre otras medidas, el Estado inhabilitó el transporte público en el país, y optó por concentrar la provisión de servicios de salud pública en atenciones por coronavirus.

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El Salvador

La cuarentena total, que tenía la intención inicial de durar 30 días, fue extendida hasta el 24 de agosto. Después de esa fecha, las medidas de confinamiento y de restricción de movilización no se mantuvieron, volviendo a una normalidad abrupta. Durante el tiempo en el que se decretó la cuarentena obligatoria, el Estado de El Salvador no reconoció los servicios de salud reproductiva como esenciales. Esta situación profundizó los problemas existentes en la materia, dentro de un país que no reconoce la interrupción del embarazo bajo ninguna de sus causales y que, incluso, ha presentado reformas de ley para incrementar las penas por hasta 50 años para quienes aborten bajo cualquier circunstancia. 

Asimismo, la pandemia evidenció las brechas ya existentes entre los distintos sistemas de salud que constituyen el ecosistema sanitario de El Salvador, en un país que ha experimentado políticas regresivas en la materia. Mientras el Ministerio de Salud es quien tiene mayor cobertura en salud, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), de financiamiento mixto, es la entidad que cuenta con mayor presupuesto para prestar sus servicios.

De esta forma, las garantías de salud reproductiva se transformaron en un privilegio solo para quienes, por ejemplo, accedieran a un trabajo formal y estable y, entonces, pudieran cotizar mensualmente en el Instituto de Salud Salvadoreño y costear parte de los gastos asociados a la atención médica, incluyendo desplazamiento a los centros y las consultas, tratamientos y medicinas. Las mujeres de las zonas rurales, o quienes se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad social y que dependen del funcionamiento del sistema público de salud para acceder a la atención médica fueron los grupos más excluidos dentro de este contexto.

El monitoreo de la sociedad civil, llevado adelante por la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, encontró problemas para acceder a la información en materia de salud reproductiva. Los pedidos de información realizados a entidades gubernamentales tuvieron respuesta negativa, por lo que hicieron una encuesta en Facebook para levantar información desde la sociedad civil. En paralelo, interpusieron una demanda contra el Ministerio de Salud ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, por no entregar la data requerida.

BUENAS PRÁCTICAS

  • El Ministerio de Salud (MINSAL) implementó un centro para solicitar información de temas de salud —incluyendo la reproductiva— a través del teléfono 131. El sistema mantiene 25 teleoperadoras que intentan llegar a las personas con enfermedades crónicas y usuarias de servicios de anticoncepción, entre otros grupos, con el fin de poder administrar atenciones de salud de primer nivel.

  • El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) constituyó equipos multidisciplinarios en las maternidades, para proporcionar atención en salud reproductiva de forma ambulatoria. Los equipos contaban con médico obstetra, pediatras, enfermeras para dar atención a este grupo durante la pandemia. De esta forma se habilitó la atención en salud reproductiva en todos los niveles de atención.


  • Las organizaciones feministas, desde la fase más restrictiva de la pandemia iniciada en el mes de mayo, posicionaron las necesidades de acceso y garantía de salud reproductiva de las mujeres confinadas dentro de sus demandas. Fueron las primeras en crear mecanismos de comunicación telefónica y publicitarlos en redes sociales para atender a las mujeres en el territorio salvadoreño, para luego construir un directorio de teléfonos de atención (que estaban más vinculados a esfuerzos individuales) para la atención de necesidades durante la segunda etapa de restricción. En igual medida, el monitoreo y seguimiento por parte de la sociedad civil organizada también fue de gran importancia para cuestionar o visibilizar los obstáculos en la atención en materia de salud reproductiva.


  • La organización Pro-Familia mantuvo activa una red de promotoras voluntarias abastecida para ampliar la red de distribución de métodos anticonceptivos durante la pandemia. De esta forma, facilitaron el suministro mientras las usuarias podían optar a métodos de mayor duración a través de establecimientos públicos o dentro de la red de clínicas de la organización.


  • Algunas personas profesionales de la salud implementaron de manera independiente algunas buenas prácticas, como la telemedicina, la promoción de temas relacionados a la salud sexual y reproductiva, coordinación intersectorial y la implementación de un teléfono amigo, que buscaban solventar algunas de las dificultades de acceso de las pacientes a los servicios. Cabe señalar que no responde necesariamente a una dirección estratégica desde la parte ejecutiva de las instituciones en las que quienes impulsaron las medidas trabajan.

OBSTÁCULOS

  • La suspensión del transporte público y el confinamiento constituyeron un obstáculo logístico y económico para acceder a servicios de salud reproductiva. El Estado tampoco tomó medidas estratégicas para poder solventar estas dificultades, como habilitar ambulancias u otros sistemas de transporte. En la práctica, las mujeres debieron incurrir en gastos extra para desplazarse, atención, métodos anticonceptivos o controles pre y post parto.
  • Debido a las cuarentenas obligatorias, las limitaciones a la movilidad, y la falta de políticas diferenciadas o campañas de información, las y los jóvenes recibieron un impacto diferenciado y obstáculos claros para educarse en materia de salud reproductiva. Al no contar con fuentes fiables, guías o insumos -como condones o métodos anticonceptivos- se expusieron aún más a enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados durante la pandemia.

HISTORIAS DE IMPACTO

Una mujer de 32 años se encontraba en su cuarto mes de gestación cuando se decretaron las restricciones de movilidad en El Salvador. Pese a que ella llevaba controles médicos de forma privada, la cuarentena y el temor ante un posible contagio por coronavirus la llevaron a suspender la vigilancia médica del desarrollo de su embarazo entre marzo y junio.

Tan pronto como retomó los controles, un médico identificó algunos malestares que terminaron un parto adelantado cinco semanas respecto de la fecha programada. Si bien su parto no tuvo mayor complicación, la mujer no pudo acceder a los controles que se programan después de los cuarenta días del parto. Tampoco ha podido obtener atenciones sanitarias de “niño sano” para su hija, pues no hay pediatras asignados para esta función, y solo ha podido aplicar las vacunas correspondientes.

ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS: