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COLOMBIA

Catalina Martínez Coral te cuenta qué pasó con la Salud Reproductiva en Colombia durante la pandemia.

El 12 de marzo de 2020, seis días después del primer contagio por la COVID-19 en Colombia, el gobierno declaró emergencia sanitaria a nivel nacional. La cuarentena total en el país fue decretada por el presidente Iván Duque el 24 del mismo mes. La declaratoria de estado de excepción prohibió de manera expresa salir de casa a menos de que fuese por una necesidad básica, o en caso de emergencia. En este marco, se suspendió el funcionamiento del comercio, de servicios no esenciales y de transporte intermunicipal.

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Colombia

Antes de la pandemia, los servicios reproductivos en Colombia ya enfrentaban obstáculos estructurales. Entre ellos es posible enumerar: la falta de cobertura en salud reproductiva en todo el territorio nacional; problemas para acceder a la información sobre la provisión de estos servicios; las interpretaciones restrictivas por parte de las prestadoras de salud a la hora de autorizar la prestación de servicios como la IVE; y las brechas económicas para acceder a sistemas sanitarios alternativos al estatal, ya sea subvencionados o privados.

En el contexto de pandemia el Ministerio de Salud y Protección Social declaró los servicios sexuales y reproductivos como esenciales y estableció que los mismos deberían seguir siendo prestados en todo el país durante la pandemia por la COVID-19. No obstante, las usuarias encontraron distintos grados de dificultad a la hora de acceder a las prestaciones.

Pese a la declaratoria, las barreras que ya existían antes de la crisis sanitaria se mantuvieron y se profundizaron. Por un lado, las prestadoras de salud, que ya hacían interpretaciones restrictivas de los derechos sexuales y reproductivos para autorizar tratamientos, desconocieron su carácter esencial y obstaculizaron su prestación. Además, las brechas de acceso se profundizaron para las comunidades vulnerables, las zonas rurales y apartadas de las áreas urbanas, que se vieron afectadas por el cierre de los centros de salud más cercanos y la imposibilidad de transportarse a otros municipios. Adicionalmente, la ya existente desinformación sobre la prestación de los servicios de salud reproductiva, aumentó considerablemente con la pandemia.

Así, por ejemplo, mientras la cobertura a la atención prenatal contó con menos trabas en la disponibilidad, las usuarias de menos recursos tuvieron dificultades igualmente accediendo a los controles prenatales por las dificultades en el transporte y el miedo al contagio traduciéndose esto en un aumento del 2.6% en la mortalidad neonatal en tiempo de pandemia. La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), bajo las causales que Colombia permite hoy, enfrentó aún más bloqueos. Algunas cifras apuntan a una disminución del 19,687% con respecto al año anterior. Es preocupante, por ejemplo, que no sólo disminuyeron los procedimientos en general, sino que la disminución es más pronunciada en el primer nivel de atención en salud (disminuyen los procedimientos en un 76,2%). Estas diferencias también se presentaron entre mujeres en zonas urbanas y aquellas en situación de pobreza, migrantes, mujeres indígenas o aquellas que provienen de localidades rurales.

Por último, se reportó escasez de insumos para la prestación de algunos servicios, una vez más afectando de manera diferenciada a quienes residen en zonas de difícil acceso. Por ejemplo, en lo que se refiere a anticoncepción, se reportó una disminución en los insumos de métodos anticonceptivos a mediano y largo plazo.

Las organizaciones que llevaron adelante este monitoreo en Colombia ーel Centro de Derechos Reproductivos (sede LAC) y La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeresーanalizaron información de distintas fuentes, como bases de datos de entidades gubernamentales, revisión de documentos y boletines, y entrevistas a personal del área de la salud. También elevaron solicitudes de información al Estado Colombiano en donde se encontraron con dificultades, aún cuando lograron acceder a ciertos datos.

 

Así por ejemplo, el Ministerio de Salud entregó datos disponibles, pero estos tienen serias limitaciones que dificultan el análisis de la situación. Al momento de la consulta, el Ministerio no contaba con bases de datos sobre los servicios de salud reproductiva monitoreados suficientemente desagregadas, por ejemplo, por edad o localidad. Estas son categorías de información claves para tomar decisiones de política pública.

BUENAS PRÁCTICAS

  • El Ministerio de Salud y Protección Social, declaró los servicios reproductivos como esenciales, a través de dos boletines de prensa, y estableció que los mismos deben seguir prestándose en la época de la pandemia por la COVID-19 en Colombia.

  • Igualmente, en distintos documentos técnicos, el Ministerio instó a fortalecer las intervenciones del sector salud que contribuyan a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente las que están orientadas a la autonomía reproductiva, a una vida libre de violencia y al acceso a los servicios de salud.

  • El rol de las Instituciones Privadas Prestadoras de Servicios de Salud Reproductiva, como Oriéntame y Profamilia, fue fundamental. En IVE y anticoncepción, han adaptado la prestación de sus servicios y la difusión de información al nuevo contexto de confinamiento obligatorio. En conjunto, adelantaron el protocolo para ser aprobadas como prestadoras en la variante de telesalud desde el inicio de la pandemia, logrando acceder a poblaciones y municipios a los que nunca habían podido llegar antes. Además, hicieron todas las adecuaciones de bioseguridad para recibir también a usuarias las distintas sedes que mantienen en el país.

OBSTÁCULOS

  • En el contexto de emergencia sanitaria, la falta de campañas de difusión de información relevante en materia de salud reproductiva obstaculizó el acceso de niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar en Colombia. Distintas investigadoras del área de la salud en el país entrevistadas para este monitoreo confirmaron que la desinformación, sumada al cambio repentino de contexto, constituyó una limitante agravada durante la pandemia. Las organizaciones a cargo de esta iniciativa constataron lo anterior en el desconocimiento por parte de la ciudadanía en cuanto a rutas para solicitar los servicios de salud reproductiva en pandemia y a la existencia de servicios alternativos al sistema de salud general, como Oriéntame y ProFamilia.

  • Para las mujeres en zonas rurales o de difícil acceso fue casi imposible acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) durante la pandemia por coronavirus. La mayoría de los centros de salud municipales cerraron sus sedes físicas, y, en otros, afirmaron no estar capacitados para prestar el servicio, sobre todo edades gestacionales más avanzadas.

HISTORIAS DE IMPACTO

Lorena, una mujer y madre de una niña de 3 años, decidió interrumpir un nuevo embarazo. Su familia rechazó su decisión y, en consecuencia, tuvo que irse de la casa de su madre. Lorena se movilizó hasta un municipio en el Cesar (departamento de la costa atlántica colombiana), para cuidar la casa de una amiga a cambio de alojamiento y comida. Cuando llegó allí, el Gobierno anunció la medida del confinamiento obligatorio.

La mujer se vio, entonces, fuera de su hogar y sin acceso a internet para tener información sobre cómo acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). De acuerdo a su testimonio, ella temía dejar a su hija con otra persona para desplazarse hasta un centro de salud, por lo que dijo que esperaría hasta el fin de confinamiento para acceder al servicio.

Después de varios meses de la crisis sanitaria, Lorena finalmente desistió del procedimiento. (Información extraída del informe técnico de Barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el contexto de la pandemia por COVID-19 de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres).

ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS: