En cuanto al aislamiento social, hasta el 24 de abril no hubo cuarentenas obligatorias. A partir de esa fecha comenzó el período de segmentación del confinamiento, y posterior desconfinamiento, de manera estratégica en función de tasas de contagio y saturación de los servicios sanitarios en distintos sectores del país.

A partir de la declaratoria de la pandemia y el consecuente estado de excepción, el gobierno de Chile implementó medidas especiales para hacer frente a la penetración del SARS-CoV-2. Entre ellas, cuenta la redistribución del personal sanitario y la limitación de atenciones más allá de las que tuvieran directa relación con el coronavirus. Además, las autoridades instaron a la ciudadanía a no acudir a centros de salud si no era por razones de extrema urgencia.

Además de no contar con la totalidad del personal abocado a sus funciones originales, la falta de regulación específica en esta materia desencadenó en la práctica restricciones en el acceso a los servicios de salud reproductiva. En el tiempo que comprende el estudio, que estuvo a cargo de la organización Miles, el Estado chileno solo reconoció como esenciales el embarazo, parto y puerperio. El resto de los los servicios de salud reproductiva no tuvieron el mismo reconocimiento en el contexto de la emergencia sanitaria.

A esto se suman las brechas de acceso que supone un sistema público de amplia cobertura, pero escasa capacidad; y un sistema privado de salud que excluye del acceso a la población más vulnerable, así como a personas migrantes irregulares, o personas alejadas de los centros urbanos. Los servicios dedicados a la interrupción del embarazo en las tres causales que permite el marco regulatorio actual fueron los más afectados en este contexto, mientras que la atención durante el embarazo y después del parto recibió más atención por parte de la política nacional.

En concreto, Chile registró menos atenciones de matronería y ginecología con respecto del año anterior, con una reducción del 50,4%; una disminución del 12% de partos hospitalarios y un 8% menos de nacimientos vivos en el mismo periodo de 2019. Se detectó además, un 21% menos abortos realizados en comparación a 2019 y el aumento de los casos de muerte materna en un 39% comparandoo el primer semestre de 2018 y 2019 con el de 2020.

La Corporación Miles, a cargo del monitoreo, relevó información de distintas fuentes, incluyendo datos del gobierno, encuestas aplicadas vía digital, revisión de prensa y entrevistas dirigidas para dar cuenta de la situación de los derechos reproductivos en Chile, entre marzo y agosto de 2020. En el proceso, Miles vio vulnerado el derecho al acceso a la información pública, pues no obtuvo respuestas a la mayoría de las solicitudes enviadas a entidades públicas del Estado, como el Ministerio de Salud (MINSAL). En respuesta, la organización no gubernamental presentó reclamos, acogiéndose a la ley vigente, pero a noviembre de 2020 no tuvo respuesta de los organismos a cargo de gestionar la información.