RESULTADOS OBTENIDOS EN

CHILE

Anita Peña te cuenta qué pasó con la Salud Reproductiva en Chile durante la pandemia.

El gobierno de Chile decretó un estado excepcional de catástrofe en el país el 19 de marzo, en respuesta al aumento de contagios de la COVID-19 en la población. Si bien tenía una duración inicial de 90 días, la situación se extendió por meses, a través de cuarentenas totales o parciales en distintos puntos del país.

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Chile

En cuanto al aislamiento social, hasta el 24 de abril no hubo cuarentenas obligatorias. A partir de esa fecha comenzó el período de segmentación del confinamiento, y posterior desconfinamiento, de manera estratégica en función de tasas de contagio y saturación de los servicios sanitarios en distintos sectores del país.

A partir de la declaratoria de la pandemia y el consecuente estado de excepción, el gobierno de Chile implementó medidas especiales para hacer frente a la penetración del SARS-CoV-2. Entre ellas, cuenta la redistribución del personal sanitario y la limitación de atenciones más allá de las que tuvieran directa relación con el coronavirus. Además, las autoridades instaron a la ciudadanía a no acudir a centros de salud si no era por razones de extrema urgencia.

Además de no contar con la totalidad del personal abocado a sus funciones originales, la falta de regulación específica en esta materia desencadenó en la práctica restricciones en el acceso a los servicios de salud reproductiva. En el tiempo que comprende el estudio, que estuvo a cargo de la organización Miles, el Estado chileno solo reconoció como esenciales el embarazo, parto y puerperio. El resto de los los servicios de salud reproductiva no tuvieron el mismo reconocimiento en el contexto de la emergencia sanitaria.

A esto se suman las brechas de acceso que supone un sistema público de amplia cobertura, pero escasa capacidad; y un sistema privado de salud que excluye del acceso a la población más vulnerable, así como a personas migrantes irregulares, o personas alejadas de los centros urbanos. Los servicios dedicados a la interrupción del embarazo en las tres causales que permite el marco regulatorio actual fueron los más afectados en este contexto, mientras que la atención durante el embarazo y después del parto recibió más atención por parte de la política nacional.

En concreto, Chile registró menos atenciones de matronería y ginecología con respecto del año anterior, con una reducción del 50,4%; una disminución del 12% de partos hospitalarios y un 8% menos de nacimientos vivos en el mismo periodo de 2019. Se detectó además, un 21% menos abortos realizados en comparación a 2019 y el aumento de los casos de muerte materna en un 39% comparandoo el primer semestre de 2018 y 2019 con el de 2020.

La Corporación Miles, a cargo del monitoreo, relevó información de distintas fuentes, incluyendo datos del gobierno, encuestas aplicadas vía digital, revisión de prensa y entrevistas dirigidas para dar cuenta de la situación de los derechos reproductivos en Chile, entre marzo y agosto de 2020. En el proceso, Miles vio vulnerado el derecho al acceso a la información pública, pues no obtuvo respuestas a la mayoría de las solicitudes enviadas a entidades públicas del Estado, como el Ministerio de Salud (MINSAL). En respuesta, la organización no gubernamental presentó reclamos, acogiéndose a la ley vigente, pero a noviembre de 2020 no tuvo respuesta de los organismos a cargo de gestionar la información.

BUENAS PRÁCTICAS

  • Las organizaciones feministas tomaron un rol activo en la construcción de soluciones para atender la salud reproductiva en contexto de pandemia. Por una parte, a través del poder legislativo, se conformó la Mesa de Género y COVID-19, que reúne a más de 90 organizaciones de la sociedad civil y algunas autoridades gubernamentales. De igual manera, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género impulsó la construcción de una agenda de prioridades “Mujer y COVID-19″, en conjunto con parlamentarias y representantes de sociedad civil. Parte de la agenda “Mujer y COVID-19” constó en sugerir que se provean las condiciones para facilitar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) con medicamentos y en los domicilios de las personas, entre otras indicaciones. Sin embargo, y pese a la disminución en el acceso a la IVE, esta sugerencia no ha sido llevada a cabo.

 

 

  • La sociedad civil también impulsó de manera independiente redes de atención en línea, o vía telefónica. La Corporación Miles, por ejemplo, registró más de 400 correos de consulta desde el inicio de la crisis sanitaria. Por su parte el Colegio de Matronas (médico obstetras) y la Fundación Nellie Zabel para mujeres con discapacidad auditiva han ofrecido servicios de consejería de manera gratuita o a muy bajo costo para atender las dudas en materia de salud reproductiva

OBSTÁCULOS

  • El Ministerio de Salud no desarrolló lineamientos generales que asegurasen el acceso a la salud reproductiva para personas habitan en zonas de difícil acceso, personas migrantes o en situación de discapacidad. De igual manera, la omisión del Estado de crear mecanismos de respuesta rápida a la pandemia obstaculizaron la atención, sobre todo, para quienes dependen del sistema público de salud para acceder a los servicios de salud reproductiva. En este punto, el rol de la sociedad civil fue de vital importancia, a través de consejerías en línea o vía telefónica.
  • El Estado de Chile no cumplió con la entrega medicamentos e insumos necesarios al sistema público para la provisión de algunos servicios de salud reproductiva en pandemia. Por ejemplo, no distribuyó ninguna de las dosis programadas de Mifepristona o Misoprostol, que permiten la interrupción del embarazo. Esta información se extrae de los datos entregados por la Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST). Si bien estas prestaciones están aseguradas por ley, en 2020 se registró un retroceso en el acceso a medicamentos y suministros para garantizar la salud reproductiva de las mujeres.

HISTORIAS DE IMPACTO

En septiembre de 2020, el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) emitió alertas para retirar los suministros de anticonceptivos orales combinados Anulette, distribuidos en el sistema de salud pública. Las dosis de esta marca estaban alteradas, pues no contenían las pastillas de placebo que requieren, lo que quiere decir que todas las píldoras estaban activas. Más tarde, se registró un segundo lote de medicamentos con fallas, por lo que el Instituto de Salud Pública (ISP) suspendió el registro sanitario de la marca.

 

Producto del uso de métodos anticonceptivos alterados, Corporación Miles estima que más de treinta mujeres quedaron embarazadas, sin que el Estado haya tomado acción al respecto.

ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS: