RESULTADOS OBTENIDOS EN

BRASIL

Gabriela Rondón te cuenta qué pasó con la Salud Reproductiva en Brasil durante la pandemia.

El manejo de la crisis sanitaria en Brasil estuvo marcado por las tensiones entre el Ministerio de Salud y el presidente de la nación, Jair Bolsonaro. Por un lado, mientras el gobierno declaraba Emergencia de Salud Pública de Importancia Nacional (ESPIN) el 3 de febrero, el primer mandatario alentaba a poner fin a las medidas de prevención de contagio, como el aislamiento social y el uso de mascarillas. En junio, Brasil se convirtió en el epicentro de la COVID-19 a nivel mundial.

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Brasil

Sumado al desconocimiento de la pandemia por parte del ejecutivo, sectores conservadores presentes en los poderes del Estado avanzaron en su cruzada anti-derechos, intentando desmantelar los avances normativos ya establecidos que permitían la garantía de los derechos reproductivos en el país. Si bien el Ministerio de Salud ha encaminado esfuerzos para reconocer los servicios de salud reproductiva como esenciales, la respuesta del gobierno fue radical en remover cualquier declaración en esa línea.

Este escenario puso en serio riesgo la vida de millones de mujeres, que no lograron acceder a atención oportuna en materia de salud reproductiva, debido a la falta de políticas públicas que asegurasen la provisión de estos servicios. Ejemplo de ello fue el aumento del 7,8% en la cifra de muertes maternas ocurridas entre enero y junio de 2020 con respecto al año anterior. Según datos del Departamento de Análisis y Vigilancia Sanitaria de Enfermedades No Transmisibles (DASNT), Brasil pasó de 859 casos a 926..

El instituto de bioética Anis, que estuvo a cargo del monitoreo en el país, explica que el Estado en su conjunto no respondió a las solicitudes de información sobre suministros y atenciones de salud reproductiva. Omitió, por ejemplo, datos específicos sobre aborto legal, anticoncepción y atención prenatal. Ante estos obstáculos claros al acceso de la información Anis debió recurrir a fuentes alternativas, como aliadas y otras investigaciones publicadas por medios de comunicación para elaborar su monitoreo de Brasil.

BUENAS PRÁCTICAS

  • Algunos estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul y São Paulo a través de distintas notas técnicas reafirmaron que los servicios de salud reproductiva son esenciales y que debían ser cubiertos durante la pandemia por la COVID-19 . Además, plantearon la necesidad de garantizar acciones de planificación reproductiva que involucren recursos y personal. En conjunto, estos territorios agrupan al 45% de la población del país, por lo que las decisiones adoptadas tienen un impacto extendido dentro de la población, especialmente en favor de quienes acceden a los servicios de salud reproductiva.
  • La promulgación de la Ley N° 13.989/2020 con carácter de emergencia durante la crisis provocada por la pandemia por coronavirus, junto con la Ordenanza N. 467 de 2020, que autorizan y regulan el uso de tecnologías con fines asistenciales. Dada la amplitud de su enfoque, el trabajo conjunto de la sociedad civil logró que una mujer en Minas Gerais pudiera acceder por primera vez al aborto legal vía telesalud en Brasil.

     

  • El instituto de bioética Anis y el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual desarrollaron un protocolo que sustenta legalmente la realización del aborto previsto por ley después de las 22 semanas de gestación. El protocolo fue usado para desbloquear el acceso al aborto a una niña víctima de violación, pero habilita a que pueda ser utilizado en otras ocasiones. Este tipo de acciones de incidencia son especialmente urgentes en el contexto actual, en donde la pandemia dificulta el acceso oportuno a los centros de salud. .
  • Para garantizar el acceso a la información en el contexto de aislamiento social, una articulación de enfermeras obstetras voluntarias dieron forma al proyecto “Habla con la matrona”. La iniciativa, liderada por el trabajo de sociedad civil organizada, orienta a las mujeres embarazadas sobre su proceso con relación al coronavirus vía telefónica. El grupo trabaja en diferentes estados del país y fue un canal importante para evitar la exposición de mujeres embarazadas a hospitales y clínicas médicas. En la misma línea, el canal “Eu Cuido, Eu decido” entrega información segura y basada en evidencias sobre derechos reproductivos en contexto de pandemia vía Whatsapp.

OSBTÁCULOS

  • El Ministerio de Salud dictó una nueva ordenanza que intensificaba las barreras innecesarias para acceder a la interrupción legal del embarazo en casos de violación. Esta modificaba el acceso al aborto, haciendo, por ejemplo, obligatoria la notificación del delito de violación a la policía. Este accionar va en contra del principio ético del secreto profesional, previsto en la ley. La acción del movimiento feminista fue importante para intentar demostrar la ilegalidad de esta ordenanza, pero el juicio aún está pendiente ante el Supremo Tribunal Federal. Este tipo de acciones dan cuenta de la precarización que enfrentan las mujeres en materia de salud reproductiva en Brasil.

  • En el contexto de crisis sanitaria, además, el Estado brasileño falló mantener suficiente stock de medicamentos e insumos para brindar, de manera adecuada, algunos servicios de salud reproductiva. El periodismo de investigación brasileño publicó la escasez de métodos anticonceptivos y que, de los 76 hospitales que afirmaron realizar abortos legales en 2019 en el país, solo el 55% de ellos dijeron que aún realizaban el procedimiento después de iniciada la emergencia sanitaria. En contraste, el mismo Ministerio aseguró que contaba con abastecimiento de insumos suficiente para 2020, pues lo había asegurado en 2019. Esta situación afectó directamente en el derecho al acceso a la salud de las adolescentes, niñas y personas gestantes a nivel nacional.

  • La falta de políticas públicas para garantizar la provisión oportuna de servicios de salud reproductiva por parte del Estado aumentó las brechas de acceso que ya existían para poblaciones vulnerables, como niñas, personas en situación de pobreza y pueblos indígenas dentro del país. Durante la pandemia, no hubo una sola medida que procurara adaptar los servicios a estos grupos, sus necesidades particulares o ubicación geográfica.

HISTORIAS DE IMPACTO

En agosto, en el estado de Espírito Santo, una niña de 10 años quedó embarazada luego de ser violada por su tío. Su situación apelaba a dos de las causales que están permitidas por la ley para autorizar un aborto: embarazo por violación y riesgo de vida. Sin embargo, los profesionales y las autoridades locales impusieron obstáculos que llevaron el caso ante la justicia. Luego de la presión pública y la articulación con autoridades de otros Estados y el movimiento feminista, la justicia local ordenó el aborto. Aun así, el servicio de salud de la capital Vitória, Espírito Santo, se negó a interrumpir el embarazo, alegando que la edad gestacional (22 semanas y 4 días) no permitía que se realizara el aborto.. La niña tuvo que viajar a Recife, en el estado de Pernambuco, a más de 1.400 kilómetros de su ciudad, para interrumpir su embarazo en otro hospital público.

 

Además, se filtraron sus datos personales y varios manifestantes de extrema derecha acudieron al hospital de Pernambuco para protestar y rezar para que el procedimiento no fuera realizado. La niña y el médico que iba a realizar la interrupción del embarazo recibieron insultos. Para contener esta situación fue importante la acción del movimiento feminista, que rápidamente acudió al servicio de salud para defender la integridad de la niña, así como la legalidad de la situación. Finalmente, la niña pudo acceder al aborto, pero fue sometida a vulneraciones graves en el proceso, ya que además de todo este escenario, pocas semanas después del procedimiento los medios de comunicación revelaron la participación de la Ministra de Derechos Humanos y su personal en un intento de obstaculizar el derecho de la niña al aborto.

ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS: