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BOLIVIA

El 17 de marzo de 2020, el gobierno de Bolivia declaró la emergencia sanitaria, a través de un decreto que suspendió actividades, impuso restricciones en el tránsito y llamó a las personas a quedarse en sus hogares si no era indispensable salir. Los sistemas públicos y privados de salud quedaron excluidos de esta decisión, pero se mantuvieron enfocados en combatir las consecuencias del virus en el país.

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Bolivia

LEY ABORTO

solo en 3 causales

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La emergencia sanitaria aumentó las brechas de acceso y de calidad de servicios de salud reproductiva existentes en Bolivia aún antes de la llegada del coronavirus. Esto, aunado a una crisis política, social y económica que el país ha arrastrado desde 2019, ha dificultado la organización a nivel estatal para hacer frente a la crisis sanitaria.

En este contexto de crisis, el impacto sobre los servicios de salud reproductiva fue prominente. El Estado Plurinacional no incluyó la salud reproductiva como servicio esencial, lo que la dejó relegada en una segunda categoría de atención sanitaria ante el aumento de casos de coronavirus y el consecuente colapso del sistema de salud. En concreto, los servicios de salud reproductiva en Bolivia estuvieron suspendidos durante la cuarentena estricta por COVID 19.

La organización de sociedad civil Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia (CDD) organizó un grupo de trabajo conformado por 13 organizaciones e instituciones nacionales, con las que recopiló la información para este monitoreo entre marzo y agosto de 2020. Relevó evidencia que da cuenta de algunos de los factores que influyeron en la disminución y suspensión de servicios de salud sexual durante la pandemia.

Las consecuencias para niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar son gravísimas. Los efectos abarcan, entre otros aspectos: la falta de información pública adecuada; un déficit en la atención de emergencias perinatales; y el desabastecimiento de métodos de anticoncepción, incluyendo la de emergencia.

Para elaborar el monitoreo, la organización solicitó acceso a la información de entidades gubernamentales, como el Ministerio de Salud y la Fiscalía General del Estado. En paralelo, entrevistaron a 25 servidores del sistema de salud pública, del privado y de organizaciones de la sociedad civil y recolectaron datos a través de redes sociales institucionales y notas de prensa.

BUENAS PRÁCTICAS

  • El Estado Plurinacional de Bolivia firmó, adhirió, junto a otros 59 países, a la declaración internacional “Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover una respuesta que tenga en cuenta el género en la crisis del COVID19”.. Cabe destacar que la Cancillería del país publicó un comunicado enfatizando que esta declaración se adecúa a la Constitución. No obstante, esta declaración no se tradujo en que se declarara a los servicios de salud sexual y salud reproductiva como esenciales, ni se priorizaron políticas, acciones o medidas que promovieran o garantizaran efectivamente el ejercicio pleno de estos derechos.

  • El Ministerio de Salud elaboró y gestionó el “Plan de Contingencia de Salud Materna Bolivia”, que preveía la atención de telesalud para las mujeres gestantes. De esta forma, se redujeron las barreras de entrada a los servicios de salud, frente al incremento de casos y de atenciones intrahospitalarias de personas infectadas de coronavirus.

  • A nivel departamental, se registraron prácticas conducentes a reforzar la atención en materia de salud reproductiva. Algunos ejemplos son:
    • El Plan de respuesta a emergencia por el COVID-19, creado por el departamento del Beni, que resaltaba la importancia de la continuidad de los servicios de salud reproductiva.
    • El “Protocolo de atención domiciliaria a mujeres gestantes y puerperios” que elaboró el departamento de Potosí, para garantizar este servicio durante la pandemia
    • Los instructivos a los centros de salud que divulgó el departamento de Chuquisaca para garantizar la provisión de servicios de salud reproductiva, como interrupción legal del embarazo, atención y detección de ITS, control prenatal, entre otros.

  • Organizaciones de la sociedad civil, que trabajan en el marco de la salud sexual y reproductiva, como Marie Stopes, CIES, IPAS, Casa de la Mujer, Colectivo Rebeldía, Católicas por el Derecho a Decidir y otras, desplegaron un trabajo incansable. Por ejemplo, la Casa de la Mujer fortaleció su sistema de atención, añadiendo atención virtual al trabajo que ya ejecutaban sobre el territorio, para brindar orientación en aborto auto suministrado. Crearon una aplicación para tener consultas con la persona que requiera acceder a la interrupción del embarazo y, de manera más general, obtener información sobre derechos reproductivos.

OBSTÁCULOS

  • La falta de información pública específica sobre servicios sexuales y reproductivos ha sido una constante durante la pandemia. A nivel departamental y nacional los esfuerzos de las autoridades no incluyeron divulgar información sobre los centros de salud disponibles, o alternativas para la atención y asesoría en materia de salud reproductiva. La desinformación, sumada al miedo de exponerse al contagio del virus, hizo que un gran número de mujeres optara por suspender sus chequeos médicos pese a requerir de los servicios de salud reproductiva.

  • A partir de la revisión de las páginas oficiales del Ministerio de Salud y de los Servicios Departamentales de Salud (SEDES), la ONG Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia corroboró que los requisitos para acceder a la atención prenatal se incrementaron durante la pandemia. En este periodo, quienes quisieran acceder a la atención debían presentar una prueba negativa por coronavirus y contar con guantes y mascarillas para protegerse del contagio. Lo anterior en un contexto de desabastecimiento a nivel nacional de estos implementos y donde las pruebas de diagnóstico por la COVID-19 tienen un elevado costo, aumentando así la brechas de acceso a estos servicios, sobre todo para mujeres y personas con capacidad de gestar en situación de vulnerabilidad.

  • El cierre de áreas de maternidad u hospitales especializados en prestaciones de salud reproductiva, impactó directamente a quienes asistían regularmente a estos centros asistenciales. Esto, sumado al aumento de los contagios al interior del personal sanitario, dificultó aún más el acceso a las mujeres en zonas rurales que requerían de estos servicios durante la pandemia. Por ejemplo, las usuarias tenían que trasladarse desde sus lugares de origen a ciudades capitales o intermedias a fin de acceder a la interrupción legal del embarazo o solicitar métodos anticonceptivos debido a la falta de lugares adaptados para otorgar esta prestación.

HISTORIAS DE IMPACTO

Años atrás, un grupo de mujeres campesinas de San Javier fundó el Centro Prenatal Paiconeka. La iniciativa nació con el objetivo de garantizar la atención de las mujeres de la zona, debido a que el centro de salud del municipio se encuentra muy lejos de sus comunidades. Además, la creación del centro buscaba evitar que las mujeres en situación de pobreza y pertenecientes a pueblos indígenas se expusieran al maltrato que decían recibir en el establecimiento.

Pese a esto, durante la pandemia, Armando Barbery, alcalde del municipio de San Javier, anunció que el centro sería utilizado como lugar para el tratamiento de pacientes diagnosticados con coronavirus, debido al aumento de contagios. Esta situación puso en alerta a las mujeres de la zona, quienes en respuesta, decidieron hacer vigilia dentro del establecimiento para garantizar que siguiera funcionando en su régimen habitual.

 

Unos días después, el edil, junto con la guardia municipal y otras personas, irrumpieron por la fuerza al centro, agrediendo a estas defensoras de derechos reproductivos. Entre ellas estaba Alejandra, una de las impulsoras del centro. La mujer que fue golpeada en la cabeza con un fierro por el propio alcalde y actualmente se encuentra en un proceso penal en su contra.

ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS:

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