Aumenta la mortalidad materna: el impacto silencioso de la Covid-19 en América Latina
Aumenta la mortalidad materna: el impacto silencioso de la Covid-19 en América Latina PANDEMIA. La magnitud de la emergencia
El 17 de marzo de 2020, el gobierno de Bolivia declaró la emergencia sanitaria, a través de un decreto que suspendió actividades, impuso restricciones en el tránsito y llamó a las personas a quedarse en sus hogares si no era indispensable salir. Los sistemas públicos y privados de salud quedaron excluidos de esta decisión, pero se mantuvieron enfocados en combatir las consecuencias del virus en el país.
La emergencia sanitaria aumentó las brechas de acceso y de calidad de servicios de salud reproductiva existentes en Bolivia aún antes de la llegada del coronavirus. Esto, aunado a una crisis política, social y económica que el país ha arrastrado desde 2019, ha dificultado la organización a nivel estatal para hacer frente a la crisis sanitaria.
En este contexto de crisis, el impacto sobre los servicios de salud reproductiva fue prominente. El Estado Plurinacional no incluyó la salud reproductiva como servicio esencial, lo que la dejó relegada en una segunda categoría de atención sanitaria ante el aumento de casos de coronavirus y el consecuente colapso del sistema de salud. En concreto, los servicios de salud reproductiva en Bolivia estuvieron suspendidos durante la cuarentena estricta por COVID 19.
La organización de sociedad civil Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia (CDD) organizó un grupo de trabajo conformado por 13 organizaciones e instituciones nacionales, con las que recopiló la información para este monitoreo entre marzo y agosto de 2020. Relevó evidencia que da cuenta de algunos de los factores que influyeron en la disminución y suspensión de servicios de salud sexual durante la pandemia.
Las consecuencias para niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar son gravísimas. Los efectos abarcan, entre otros aspectos: la falta de información pública adecuada; un déficit en la atención de emergencias perinatales; y el desabastecimiento de métodos de anticoncepción, incluyendo la de emergencia.
Para elaborar el monitoreo, la organización solicitó acceso a la información de entidades gubernamentales, como el Ministerio de Salud y la Fiscalía General del Estado. En paralelo, entrevistaron a 25 servidores del sistema de salud pública, del privado y de organizaciones de la sociedad civil y recolectaron datos a través de redes sociales institucionales y notas de prensa.
Años atrás, un grupo de mujeres campesinas de San Javier fundó el Centro Prenatal Paiconeka. La iniciativa nació con el objetivo de garantizar la atención de las mujeres de la zona, debido a que el centro de salud del municipio se encuentra muy lejos de sus comunidades. Además, la creación del centro buscaba evitar que las mujeres en situación de pobreza y pertenecientes a pueblos indígenas se expusieran al maltrato que decían recibir en el establecimiento.
Pese a esto, durante la pandemia, Armando Barbery, alcalde del municipio de San Javier, anunció que el centro sería utilizado como lugar para el tratamiento de pacientes diagnosticados con coronavirus, debido al aumento de contagios. Esta situación puso en alerta a las mujeres de la zona, quienes en respuesta, decidieron hacer vigilia dentro del establecimiento para garantizar que siguiera funcionando en su régimen habitual.
Unos días después, el edil, junto con la guardia municipal y otras personas, irrumpieron por la fuerza al centro, agrediendo a estas defensoras de derechos reproductivos. Entre ellas estaba Alejandra, una de las impulsoras del centro. La mujer que fue golpeada en la cabeza con un fierro por el propio alcalde y actualmente se encuentra en un proceso penal en su contra.
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