RESULTADOS OBTENIDOS EN

ARGENTINA

Nadia Ferrari te cuenta qué pasó con la Salud Reproductiva en Argentina durante la pandemia.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretó emergencia sanitaria por el plazo de un año desde el 12 de marzo de 2020. Con esto, comenzó el confinamiento obligatorio para prevenir el contagio de coronavirus en el país. La ciudadanía sólo podía desplazarse para tareas indispensables como el aprovisionamiento de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza. A medida que pasó el tiempo, el gobierno central aumentó las prerrogativas de las provincias para tomar medidas e imponer restricciones de acuerdo con el nivel de riesgo en que se encontraban. A partir de mayo de 2020, el territorio argentino adoptó un sistema de cuarentena flexible según los niveles de contagio en cada jurisdicción.

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Argentina

A las dificultades preexistentes en Argentina, se sumaron los desafíos que la pandemia ha traído al país. Una de ellas, fue el impacto que la emergencia sanitaria tuvo sobre los derechos reproductivos de niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar en el país.

En Argentina, el acceso a la salud reproductiva ya era limitado antes de la pandemia por varios factores. Entre ellos destacan su sistema de salud fragmentado, que dificulta la coordinación y la construcción de lineamientos comunes, así como un deterioro de las condiciones de trabajo de las/os profesionales de salud. Ahora, con la sobrecarga del sistema de salud, la emergencia sanitaria solamente ha incrementado las limitaciones en el acceso a estas atenciones.

 La situación empeora al tener en cuenta la escasez de insumos y la falta de disponibilidad de personal capacitado para atender oportunamente a quienes requieren prestaciones de salud reproductiva, sobre todo en zonas alejadas de los centros urbanos o las capitales provinciales.

Pese a estas dificultades, el Estado en su conjunto reconoció que las prestaciones de salud reproductiva son esenciales y deben ser una prioridad, con respuesta urgente porque las consecuencias de su implementación son sensibles al tiempo. La labor estatal se refirió en particular a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y al suministro de métodos anticonceptivos (AC).

Los hallazgos y el análisis son el resultado del monitoreo que impulsó el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). La organización analizó documentos oficiales del gobierno, solicitó acceso a información del MSAL y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) y, entre otras acciones, entrevistó a personal de la salud y a organizaciones que acompañan y/o garantizan el acceso a servicios de salud reproductiva.

Un obstáculo importante a considerar fue la falta de información cuantitativa actualizada entregada por la entidad gubernamental sanitaria. Esto sucedió en varias de las solicitudes, como en el caso de la cifra de muertes maternas y complicaciones por aborto, donde incluso no tenían la data correspondiente a 2019.

BUENAS PRÁCTICAS

  • La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSyR) emitió un comunicado con recomendaciones para garantizar el acceso a las prestaciones de salud reproductiva durante la pandemia de la COVID-19, para sus Referentes Provinciales en Salud Sexual y Reproductiva. Cabe destacar que este hace énfasis en acceso a métodos anticonceptivos y a la interrupción legal del embarazo. El comunicado impactó de manera positiva, en tanto agilizó las atenciones y entregó un marco de acción para los equipos de los centros de salud.

  • El gobierno emitió en abril de 2020 la Resolución 282/2020, referente a la implementación y el fomento del uso de plataformas de teleasistencia y para garantizar las prestaciones de servicios esenciales. Si bien no se mencionan explícitamente los servicios en salud reproductiva, el Estado ha utilizado otros mecanismos para señalar la importancia de asegurar algunos servicios de salud reproductiva dentro de esta resolución. Por ejemplo, el Ministerio de Salud a nivel nacional ha recomendado incluir la atención prenatal para evitar riesgos innecesarios en personas con capacidad de gestar y la DNSSyR se ha referido a la importancia de incorporar la asistencia en métodos anticonceptivos y la consejería para los casos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

  • El acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) ha sido adaptado para eliminar barreras innecesarias, pues se reconoce como un servicio sensible al tiempo. Durante la crisis sanitaria, en Argentina se promovió la provisión de la ILE a través de la atención ambulatoria y el acompañamiento, seguimiento y monitoreo a la distancia , para limitar las visitas a los centros de atención y el contacto con personal de salud.

  • Los centros de salud adoptaron medidas de bioseguridad para asegurar la atención prenatal en contexto de pandemia. Para esto, coordinaron las atenciones de salud para espaciar las consultas y aún así mantener el monitoreo sobre el desarrollo del embarazo vía virtual o telefónica. También se realizaron ajustes para priorizar la atención a embarazadas en horarios específicos, y educarlas para que puedan alertar sobre cualquier signo de urgencia entre consultas.

  • Por otro lado, la implementación de prescripciones médicas electrónicas fue importante para garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva como anticoncepción, interrupción del embarazo y atención perinatal. Con este mecanismo la ciudadanía no debía acudir presencialmente a los centros de salud para buscar sus recetas, evitando un posible contagio por coronavirus.

  • En línea con la comunicación de la DNSSyR, varios gobiernos locales generaron sus propios lineamientos y recomendaciones que reconocen la necesidad de mantener y asegurar los servicios de salud sexual y reproductiva durante la emergencia por COVID-19. Si bien en su mayoría se centran en provisión y asesoramiento vinculada a los métodos anticonceptivos y la ILE, algunas provincias como la de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos han incluso ampliado la gama de prestaciones. En estas recomendaciones, se enfatiza que se deberían garantizar estos servicios esenciales y/o urgentes durante la pandemia de COVID-19 y que los equipos deben organizarse oportunamente para asegurar la debida atención.

OBSTÁCULOS

  • El acceso efectivo a los servicios de salud reproductiva se vio limitado por la falta de información pública disponible tanto para la población en general como para las/os profesionales de salud. Durante el periodo monitoreado, el Ministerio de Salud no realizó campañas de sensibilización y concientización de servicios de salud reproductiva. Esta información fue confirmada por la propia entidad en la solicitud de acceso a la información realizada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Además, la falta de lineamientos claros de las autoridades provinciales de salud, dejó a la población sujeta a información ambivalente y poco clara sobre la disponibilidad de los servicios en los centros de salud. Sin embargo, no son solamente a las personas usuarias a quienes les falta información sobre servicios de servicios de salud reproductiva y las adaptaciones que se han realizado a los mismos en el contexto de pandemia, tampoco ha llegado a todo el personal de salud.

  • Por otro lado, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género identificó una barrera para el acceso a servicios de salud reproductiva al interior del personal del sistema de salud. Al cierre del monitoreo hubo profesionales de salud que no consideraron los servicios de salud reproductiva como esenciales y que, por lo tanto, no brindaron atención oportuna a mujeres y personas con capacidad de gestar que los solicitan. Pese a que las autoridades nacionales y de varias jurisdicciones han reconocido que estos servicios son esenciales, resulta preocupante que el acceso a estos dependa de una evaluación personal y restrictiva del grado de urgencia de las solicitudes.

  • Si bien la Interrupción legal del Embarazo (ILE) fue reforzada durante la pandemia, uno de sus obstáculos más significativos fue la disponibilidad en los centros de salud. De acuerdo a la información recabada, esto afectó principalmente a los centros de salud alejados de las capitales y las zonas urbanas. En algunos casos, las unidades de salud no contaban con medicamentos disponibles, o bien tenían medicamentos pero no personal para poder dar curso a la orden médica. Esto obligó a las mujeres de zonas rurales a desplazarse innecesariamente para acceder al servicio.

HISTORIAS DE IMPACTO

A nivel local, en la provincia de la Rioja se habilitó un alojamiento exclusivo para las mujeres embarazadas del interior de la zona prontas a dar a luz en el hospital de la Madre y el Niño, que se ubica en la capital de la provincia. La medida surge para dar respuesta a las mujeres que provienen de zonas alejadas y no cuentan con alternativas para alojarse, o no tienen los medios económicos para desplazarse.

 

A esta residencia llegan mujeres embarazadas en su última semana de gestación, o aquellas que son derivadas con indicaciones específicas, como la alerta de un parto prematuro. Para acceder al servicio, las mujeres deben dirigirse al hospital materno-infantil más cercano a su localidad en donde un grupo de profesionales evaluará su situación y tramitará la residencia para ella y una persona acompañante.

ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS: