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Webinario de Discusión: Desafíos actuales para la salud reproductiva en Argentina

Resumen ejecutivo

Dada la coyuntura política que atraviesa Argentina y la posibilidad de retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos y en particular posibles efectos sobre la Ley 27.610 de interrupción voluntaria y legal del embarazo, desde la Red Regional de Tomadoras/es de Decisiones en Salud Reproductiva de la iniciativa La Salud Reproductiva es Vital se impulsó un webinario de discusión que tuvo lugar el 11 de abril del 2024.

El objetivo del encuentro fue compartir diferentes miradas sobre los retos y posibilidades de sostenimiento de las políticas públicas en materia de salud reproductiva en Argentina y el impacto que puede tener en la región.

La reunión inició con la bienvenida de Susana Chávez, secretaria ejecutiva de CLACAI, quien expresó su agradecimiento por la participación tanto de las panelistas como de los participantes. Destacó el impacto significativo de la “marea verde” en Argentina, que no solo logró la despenalización del aborto en términos legales, sino también en las calles. Afirmó que dicha conquista se erige como un ejemplo de la lucha y la resistencia en la defensa de los derechos fundamentales, sirviendo de inspiración para otros países de la región. Por eso CLACAI brinda el espacio para reflexionar sobre la situación que atraviesa el país.

Luego, Sonia Ariza Navarrete, coordinadora de la iniciativa La Salud Reproductiva es Vital de CLACAI y moderadora del encuentro, dio comienzo al encuentro con las siguientes palabras:

“Este encuentro surge cómo un espacio para pensar en la situación de Argentina, especialmente desde el cambio del último gobierno, en donde ha habido un giro muy importante en relación con la protección y a la garantía de los derechos humanos. La Argentina es un país federal con una gran variedad de situaciones políticas, sociales y económicas que hacen que este cambio en el gobierno nacional y de gobiernos locales impacte de maneras diversas en los diferentes lugares del país.”

Por ello, se invitó a participar a Dora Barrancos, destacada investigadora, socióloga e historiadora feminista argentina, quien realizó un análisis del contexto y la evolución de las políticas de salud reproductiva en Argentina.

Su intervención inició con un recorrido histórico por la lucha para el reconocimiento y protección de los derechos sexuales y reproductivos en el país. Desde la sanción de la Ley Nacional 25.673, que crea el programa nacional de salud sexual y procreación responsable en 2002, hasta la promulgación de la Ley Nacional 26.150 de educación sexual integral en 2006 expuso sobre el primer periodo de reconocimiento y protección de estos derechos a través de políticas públicas específicas construidas con el apoyo de la sociedad civil y el movimiento de mujeres en general.

Seguidamente, repasó los hitos que condujeron a la sanción de la Ley Nacional 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y atención posaborto. Entre ellos, destacó la importancia de los Encuentros Nacionales de Mujeres, donde mujeres de todas partes del país se reúnen anualmente para visibilizar demandas y necesidades, promoviendo la participación activa de mujeres y disidencias en los talleres autogestionados sobre una amplia variedad de temáticas. Fue en estos encuentros donde surgió la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Asimismo, hizo hincapié en el proceso parlamentario y el amplio debate público que condujo a la sanción de la Ley 27.610 el 20 de diciembre del año 2020, en el cual participaron todos los sectores de la sociedad en un ejercicio democrático sin precedentes en la Argentina y tal vez en el mundo.

Por otro lado, señaló el riesgo que supone el cambio de gestión en los derechos sexuales y reproductivos conquistados por mujeres y disidencias. Resaltó que en el caso particular del aborto, las acciones no se dirigen directamente contra la Ley 27.610, sino sobre iniciativas que podrían socavar su cumplimiento, como la modificación de la Ley 27.611 que propone un registro de las gestantes de sectores vulnerables y un cambio de lenguaje de sujetos destinatario de las normas. También resaltó el impacto de la restricción de la provisión de los insumos necesarios para garantizar el aborto seguro por parte del Estado Nacional, dejando a las provincias sin apoyo.

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Luego, se dio paso a la intervención de Rocío García Garro, coordinadora del área de litigio de Católicas por el Derecho a Decidir, para profundizar justamente en la cuestión de las políticas públicas en salud sexual y reproductiva a nivel federal tras el cambio de gobierno en Argentina.

Comenzó señalando la estructura federal del país y la autonomía de las provincias en materia de salud. Identificó las repercusiones en tres ámbitos: normativo, administrativo y judicial. En el primer caso, coincidió en que las iniciativas del gobierno no van directamente contra la Ley 27.610, pero se requiere estar alerta sobre las normas de menor jerarquía que afectan su implementación. Sobre la cuestión administrativa, destacó el desfinanciamiento de las políticas públicas para el acceso al aborto seguro como la producción de medicamentos como mifepristona y misoprostol, así como el desmantelamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan Enia). En relación con el ámbito judicial, recordó que todavía existen causas pendientes en el poder judicial y que las autoridades que hoy coordinan la estrategia de defensa de la Ley 27.610 desde el Estado son abiertamente antiderechos. Señaló, en el mismo sentido, la violencia que subyace en el discurso de los funcionarios del gobierno de turno, y mencionó que incluso el presidente se refirió al aborto como un homicidio agravado por el vínculo y posicionó al feminismo como uno de los principales enemigos.

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Finalmente, resaltó que algunas provincias han mostrado mayor compromiso en el sostenimiento de políticas de salud reproductiva, por ejemplo, mediante la compra de los insumos para garantizar la interrupción del embarazo; mientras que otras han retrocedido en sus avances. Además, mencionó que existen provincias que deben desviar recursos destinados a salud reproductiva para abordar la epidemia de dengue ante la inacción por parte del Estado Nacional.

Para profundizar en la situación de las provincias y los retos que enfrentan en su relación con el gobierno nacional, participó Carlota Ramírez, directora provincial de equidad de género en salud en la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, examinó el impacto positivo indiscutible de la Ley 27.610 en la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Destacó el aumento significativo de equipos de salud que brindan servicios de interrupción del embarazo, pasando de 150 a más de 600 equipos en 132/133 municipios, ampliando el acceso a la salud reproductiva. Además, mencionó la notable reducción de la mortalidad materna, que alcanzó un nivel de 0 en el año 2022 en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, expresó su preocupación por la falta de procesos de compra a nivel nacional de medicamentos para garantizar el aborto seguro, así como por la desregulación de precios de medicamentos y la necesidad de mantener la estabilidad laboral de los profesionales de la salud que garantizan la práctica en la provincia. Por último, destacó que “el desafío es cómo defender los derechos conquistados”.

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Para compartir justamente sobre las estrategias que han atravesado la región en relación con las amenazas a los derechos sexuales y reproductivos, se invitó a Sonia Correa, activista feminista e investigadora brasilera. Ella realizó un análisis del impacto a nivel regional de la ultraderecha en la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Comenzó destacando el giro en varios países latinoamericanos que no ocurre de forma aislada en cada país, sino que constituye un ecosistema donde los discursos se comparten horizontalmente, generando un intercambio constante de ideas.

Resaltó cuatro puntos relevantes que tienen lugar en contextos como el que se analiza: en primer lugar, la erosión de la capacidad de gestión de los gobiernos en salud pública; en segundo lugar, la desfinanciación de políticas públicas de salud y educación, especialmente del sistema universitario; tercero, señaló un cambio semántico en los términos utilizados por los funcionarios estatales, impactando en el sentido común de la población; y por último, destacó cómo este cambio de lenguaje puede incitar a la violencia y a la imposición de restricciones por parte de diversos actores en el ámbito institucional y social.

Instó a interpretar los acontecimientos en Argentina en términos de estrategias discursivas e institucionales a largo plazo, cuyo objetivo es socavar a la marea verde y su inspiración. Además, señaló la importancia de poner atención lo que acontece en otras regiones y otros países, como la constitucionalización del aborto en Francia, así como las elecciones en Norteamérica y la declaración papal sobre la dignidad, en la cuales hace referencia al aborto.

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Para concluir, la moderadora dio paso a un espacio de intercambio entre las panelistas y les participantes del webinario, que se centró en los discursos narrativos de la ultraderecha y la importancia de desarrollar nuevas narrativas que permeen en el pensamiento colectivo. Se destacó la necesidad de una mayor articulación con la sociedad civil y la exploración de nuevas estrategias de activismo.

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