Monitoreo de la sociedad civil revela las consecuencias de la pandemia sobre la salud reproductiva en América Latina

 

Lima, 02 de diciembre de 2020 –Investigadoras del Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro (CLACAI) presentaron los resultados preliminares del monitoreo regional sobre acceso a la salud reproductiva durante la pandemia por la COVID-19.

 

“Este monitoreo ocurrió producto de la crisis que originó la pandemia. La deuda pendiente de salud reproductiva no necesariamente ha empezado con la COVID-19, pero sí podemos decir que se ha agudizado en este periodo”, reveló Susana Chávez, secretaria ejecutiva de CLACAI. A la presentación de resultados también asistió Federico Tobar, Asesor Regional en Insumos de Salud Reproductiva para UNFPA/LACRO, y la investigadora de la división de mujeres de Human Rights Watch, Ximena Casas.

 

La iniciativa hace seguimiento a las prestaciones esenciales de salud reproductiva: atención perinatal, interrupción del embarazo, y provisión de métodos anticonceptivos. Además cuenta con algunos indicadores en materia de prevención, testeo y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS). Se relevaron información de nueve países de Latinoamérica a través de reconocidas organizaciones de la sociedad civil.

 

El monitoreo se basa en indicadores cuantitativos y cualitativos diseñados especialmente para este monitoreo, a partir de otros ya existentes, de forma que se permita obtener un panorama de la situación de la región. Para acceder a la información, las organizaciones de cada país realizaron solicitudes de acceso a la información a entidades estatales sobre la provisión de servicios de salud reproductiva, entrevistas al personal sanitario y, entre otras metodologías, a usuarias de estos procedimientos. 

 

“Este monitoreo tiene un objetivo fundamental: apoyar desde la sociedad civil en el cumplimiento de los derechos y garantías para la salud reproductiva. Se busca colaborar con evidencia para la ‘rendición de cuentas’ de los Estados aportando en la construcción de soluciones que puedan ser implementadas en el corto, previendo una posible segunda ola de la pandemia, pero también algunas que puedan permanecer para mejorar la accesibilidad después de que pase esta crisis”, explicó la investigadora de la CEDES, Sonia Ariza.

 

Dentro de los hallazgos preliminares, se encontraron tanto obstáculos como buenas prácticas. En primer lugar, si bien varios de los Estados latinoamericanos declararon los servicios de salud reproductiva como esenciales, no todos lograron que este reconocimiento adquiera forma en la práctica. Se reportó el desabastecimiento de métodos anticonceptivos en varios países y la disminución del acceso a procedimientos de interrupción legal del embarazo durante la pandemia. Es importante mencionar que este último servicio fue uno de los más afectados y en los que se identificó aumento de requerimientos innecesarios para su provisión oportuna.

 

El monitoreo también dio cuenta de las buenas prácticas que los Estados y la sociedad civil han implementado durante este periodo y que se podrían mantener para garantizar los derechos de las mujeres a contar con salud reproductiva aún en momentos de crisis. Entre otros, la telemedicina se probó como una alternativa eficiente para atender mientras los centros de salud que se encontraban sin capacidad de atención ambulatoria. En la misma línea, la provisión de métodos anticonceptivos para largos periodos y su entrega sin contacto presencial funcionó en este contexto. Incluso, dado que ya había organizaciones que venían trabajando con tecnologías digitales para brindar servicios e información sobre salud reproductiva, los Estados pudieron construir desde ahí, tomando lo ya diseñado y aprendido por la sociedad civil. Una sinergía democrática.

 

Federico Tobar, Asesor Regional en Insumos de Salud Reproductiva para UNFPA/LACRO, señaló que la pandemia ha desencadenado retrocesos serios, que hacen casi imposible llegar a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) vinculados con salud reproductiva. Las cifras actuales son semejantes a 1994, cuando se celebró la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo que por primera vez sentó las bases en la materia. “Este monitoreo detalla prácticas que son facilitadoras, que podrían ser oportunidades de mejora estructurales y que los países de la región necesitan”, afirmó el Asesor Regional.

 

En el mismo sentido, Ximena Casas expresó: “La llegada del coronavirus sin duda cambió al mundo, pero es una oportunidad para reconfigurar cómo operan y se garantizan servicios importantes como la salud reproductiva, aún en situaciones de crisis sanitaria como la que atravesamos hoy”.

 

“Estamos en un momento clave para trabajar en que los Estados cumplan con sus obligaciones en materia de salud reproductiva. Tenemos la oportunidad histórica de colaborar, abrir el diálogo sobre la base de la evidencia para empezar a discutir en serio la salud reproductiva, no sólo como un tema sanitario, sino como derechos que deben ser garantizados como esenciales, aún en contextos de crisis”, enfatizó Susana Chávez.